En el pensamiento populista la desigualdad de una sociedad solamente
puede corregirse desplazando recursos de aquellos que más tienen hacia los que
carecen de ellos.
En esa línea se considera la riqueza de un país como un “quantum” o un
todo inmodificable e implica que lo que
se quita a unos debe pasar a otros en función de una supuesta justicia social
resultante en un juego de suma cero.
En la Argentina de hoy más de 20 millones de personas dependen del
trabajo y el aporte de un sector privado
cada vez más ahogado por impuestos y presión fiscal crecientes mientras
se implementan nuevas leyes destinadas a castigar la riqueza y los bienes de
quienes más tienen.
Bajo el principio de que cada necesidad genera un derecho hemos llegado
a la actual situación: un país otrora próspero transformado en una fábrica de
pobres y niños hambrientos sumido en un camino casi de no retorno.
El economista italiano Vilfredo Pareto estableció un principio que determina
que dada una asignación inicial de bienes entre un grupo de individuos, un
cambio en la asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin
hacer que empeore la situación de los demás se denomina mejora u óptimo de
Pareto.
Nuestro país tiene un único proyecto de solución: recrear la
condiciones para un incremento de la productividad privada y las exportaciones
que permita un aumento de la riqueza a repartir que suponga una mejora general
más allá de una condición de desigualdad social que podría ser materia de
debate `posterior.
Sin respeto por la propiedad privada e iniciativas que promuevan la
inversión y el mérito y se alcance el punto de equilibrio planteado por Pareto
que permita que algunos aumenten sus bienes sin necesariamente perjudicar a
otros muy difícilmente la Argentina pueda superar su actual postración.