CORONAVIRUS E INSTITUCIONALIDAD
La
pandemia por coronavirus ha colocado a todos los aspectos de la realidad argentina en un brutal punto muerto.
Hasta el momento, el manejo de una situación tan
crítica resulta muy aceptable, si es comparado con las cifras verificadas en
países europeos como Reino Unido, España, Italia , los Estados Unidos o nuestro
vecino Brasil.
Ello no obstante se abren serios interrogantes
más allá de un eventual pico de contagios y/o número de fallecidos.
Este último dato, asumiendo su veracidad,
continua siendo bajo frente a cifras de mortalidad que oscilan entre 300 o más
fallecidos por millón de habitantes.
Pero hay signos inquietantes en cuanto a un
aprovechamiento de esta lamentable y dolorosa circunstancia para favorecer
intereses ajenos a un marco institucional que no debiera ser alterado por grave
que pueda ser aquella.
La libertad de condenados como Amado Boudou o
el pedido de prisión domiciliaria en el caso de Jaime, la liberación de presos
peligrosos fundada en discutibles motivos
revelando una conducta desaprensiva por parte de determinados jueces que
ha merecido el repudio de la ciudadanía siempre con el justificativo de una
exposición al virus constituyen hechos que no pueden ser pasados por alto.
No hay antecedentes de guerras entre dos
naciones organizadas democráticamente, aquellas son siempre desencadenadas por regímenes
autoritarios: constituyen un buen pretexto para cohesionar el frente interno y
eliminar cualquier oposición invocando elevados principios de defensa de la
patria y la nacionalidad.
La irrupción de un virus desconocido e
imprevisible nos ha colocado en una suerte de situación de guerra frente a un
enemigo invisible pero no por ello menos dañino .
La misma ya ha generado una situación
peligrosa: un Poder Ejecutivo gobernando por decretos de necesidad y urgencia
que recién ahora serían legalizados por un Congreso inactivo invocando la misma
razón sanitaria. Como si el personal de seguridad, los sacrificados médicos,
enfermera/os y demás personal de salud, los
conductores del transporte público o las cajeras de un supermercado y todos los
que deben cumplir obligaciones de trabajo estuvieran exentos de riesgo.
El Poder Judicial Nacional en un prolongado
período de feria tampoco es ajeno a este inmovilismo.
No solamente es inaceptable otorgar al
Ejecutivo la suma del poder público, tampoco debe tolerarse la falta de
solidaridad de la clase política con aumentos en algunas legislaturas o el
otorgamiento de $ 70.000 a personal legislativo mientras grandes sectores de la
población o pequeñas y medianas empresas atraviesan por penurias antes
inimaginables.
Es necesario estar en permanente alerta para
evitar que peligrosos avances sobre nuestras instituciones puedan consumarse so
pretexto de un estado de emergencia donde cualquier manifestación de oposición
sea vista como falta de patriotismo o compromiso con el país.
